Sobre la Administración de Justicia en Machala y Provincia de El Oro

Han transcurrido aproximadamente seis años desde que empezó a regir el nuevo sistema de justicia que se desarrolla en la moderna concepción del Estado constitucional de derechos. Durante ese intervalo de tiempo, el Dr. Rómulo Espinoza, delegado provincial, y el Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, vienen impulsando acciones administrativas, políticas, jurídicas y académicas, orientadas sin lugar a dudas a reestructurar el sistema judicial para mejorar la calidad y eficacia de la  administración de justicia.

La “gestión” realizada por los miembros del CNJ, tiene un alto costo -que por cierto lo pagamos entre todos- que sobre pasa los mil quinientos millones de dólares, según datos de prensa proporcionados por el propio CNJ y del Ministerio de Economía. Ante tal importante financiación cabe preguntarnos: ¿Cuáles son los resultados de las políticas y acciones ejecutadas  por el CNJ? ¿Cuánto de esa suma de dinero se ha invertido en nuestra provincia y en qué se ha invertido? ¿En qué ha mejorado la administración de justicia en Machala y la Provincia de El Oro? y ¿Cuáles son los beneficios obtenidos desde la práctica social?

En mi opinión, respetando el mejor criterio de los ciudadanos, creo que se han realizado cambios muy significativos, que de forma general van marcado precedentes históricos en la administración de justicia. Por ejemplo, los concursos de mérito y oposición para la designación de los jueces y fiscales, aunque dichos concursos “carecieron de transparencia” (porque fueron manoseados políticamente), de por sí, constituyen un enorme progreso para el desarrollo de la Función Judicial. Otro hecho importante, es la asignación de recursos para el cumplimiento de dicho fines. Debemos reconocer también, la capacidad, honestidad y predisposición de unos pocos jueces, fiscales y servidores judiciales, sobre todo de las nuevas generaciones, que a pesar de estar trabajando en condiciones completamente adversas o incomodas, se esfuerzan por servir eficientemente a los usuarios y devengar dignamente sus sueldos.

A pesar de ello, la situación de la justicia en Machala y en la Provincia de El Oro, en la parte operativa y desde la visión de los ciudadanos-usuarios, es bastante caótica. Por tanto se deben tomar decisiones urgentes para dar solución a los problemas que agobian a la justicia, y que consecuentemente afectan a los ciudadanos, pues en mi opinión si no se hace muy pronto se podría colapsar.

Sirva unos ejemplos de lo señalado. Los juicios iniciados en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, que se encuentran represados en la Sala de lo Civil, suman más de 2.500, de lo cual no hay una respuesta concreta para resolver esos procesos, es decir, no se sabe por cuantos años más seguirán amontonados dichos juicios, con el eminente riesgo de que se pierdan o se destruyan. Por otro lado, la infraestructura del Palacio de Justicia, en las condiciones actuales, es inadecuada, no sólo para la realización de las audiencias y diligencias procesales sino también para la labor que desempeñan los jueces y demás servidores judiciales en cada uno de los juzgados. Asimismo la falta de jueces especializados en las diferentes materias y de personal calificado o formado en la carrera judicial, no facilitan una eficiente administración de justicia. Además la inestabilidad laboral es otra de las críticas situaciones que no permiten mejorar la calidad operativa de la justicia, pues la mayoría de los servidores judiciales en la ciudad de Machala y de la Provincia, ejercen sus labores en completa incertidumbre, pues únicamente trabajan mediante contratos temporales.

De esta realidad se derivan otros conflictos que suceden todos los días en ciertos Juzgados y Salas de la Corte de Justicia de El Oro, los cuales convergen a empeorar la situación. Por ejemplo: Los disgustos y/o enfrentamientos entre abogados y  jueces, servidores judiciales y jueces, usuarios y servidores judiciales, abogados y usuarios, etc. Debido entre otras razones a la tardanza en el despacho y práctica de las diligencias, sentencias y resoluciones; algunos abogados malcriados, prepotentes y agresivos; varios Jueces inhumanos, ociosos, dueños de la verdad y endiosados porque están en los cargos según ellos bien “palanqueados”; usuarios malcriados e impacientes; ciertos servidores judiciales contratados o estables, negligentes, que no respetan a los señores jueces, ni a los abogados y peormente a los usuarios, algunos incluso tienen la audacia de aconsejar a los usuarios de que cambien de abogado para despacharles las diligencias, etc.

Estos conflictos afectan a todos los que de cualquier forma estamos vinculados con la administración de Justicia. Por tanto, no son tan insignificantes o domésticos, como desmañadamente fueron calificados sin el más mínimo análisis ni razonamiento  por un Juez socialcristiano. Pues éstos conflictos en su mayor parte tienen su originen en centrales causas, que lamentablemente se arrastran de las viejas prácticas judiciales que aún agobian a la administración de Justicia en Machala y la Provincia de El Oro. De modo que, en lugar de minimizarlos, es necesario tomarlos en cuenta urgentemente para buscar soluciones inmediatas que coadyuven a optimizar la prestación de este servicio, a fin de cumplir con uno de los principales fines del Estado constitucional de derechos, esto es, administrar justicia completamente libre de corrupción y de vicios.

¿Quién deben dar solución a estas necesidades y conflictos?

Hace unos días el Dr. Carl Pérez, Presidente del Colegio de Abogados de El Oro, y su directorio, tuvieron el acierto de invitar a nuestra ciudad al Dr. Gustavo Jalkh, presidente del CNJ, para que constate las necesidades prioritarias y los conflictos que existen en la Corte de Justicia de El Oro. Quiero entender en mi condición de Abogado en el libre ejercicio profesional, que la noble gestión del Dr. Carl Pérez, está orientada no solamente a buscar solución a los conflictos que afectan a los abogados sino fundamentalmente a pedir que tanto las autoridades locales, como del CNJ, den soluciones responsables y oportunas a los problemas que existen en la administración de justicia en nuestra provincia.

Las autoridades locales, tanto el Dr. Rómulo Espinoza como el Dr. Joselito Romero, en sus esfuerzos por dignificar el Palacio de Justicia de El Oro y mejorar la calidad de la administración de Justicia, deberían atender con mayor decisión los problemas internos que son de sus competencias y sin compromisos de ninguna naturaleza.

Por nuestra parte apuntamos algunas líneas de actuación: consideramos que por dignidad, respeto y/o por vergüenza es imperativo resolver las causas represadas en la Sala de lo Civil; es necesario, conveniente y humano, dar estabilidad a los servidores judiciales que se mantienen en incertidumbre a punta de contratos temporales, y nombrar los jueces que hacen falta en los distintos juzgados; se necesita lo más pronto posible la construcción de una nueva Corte de Justicia, equipada con toda la infraestructura requerida y el recurso humano calificado; el Consejo Nacional de la Judicatura debería en su gestión monitorear y evaluar permanentemente el desempeño de los jueces y servidores judiciales, a fin de descubrir quienes cumplen eficientemente y quienes actúan irresponsablemente en el desempeño de sus funciones y obligaciones, y proceder a sancionar conforme a la ley.

Es evidente que todos quienes directa o indirectamente estamos vinculados con la administración de Justicia, tanto en el desempeño judicial como en el libre ejercicio profesional, estamos obligados a corregir nuestros errores y cambiar de actitud, a fin de servir de la mejor manera a nuestros conciudadanos. Debemos reconocer que Corte de Justicia de El Oro ha experimentado grandes cambios en los últimos años pero queda todavía mucho camino por recorrer.